Los políticos que tenemos se saltan esta ley con finalidades políticas. Los gobiernos autonómicos no tienen competencia para decretar un toque de queda, pero como han pactado con el gobierno central un estado de alarma entonces lo decretan. Y todo en pro de la seguridad nacional y de los ciudadanos.
El artículo 51 de la Constitución indica que sólo se pueden suspender derechos fundamentales bajo el estado de excepción o de sitio. Si quieren aplicar de verdad el toque de queda, deberán ser honestos y declarar el estado de excepción o de sitio. Algo que se convierte en peligroso porque evidencia que su poder se basa en la fuerza y en el monopolio ilegal de la violencia y el hacer leyes y aplicarlas con esa violencia.
Ayer 25 de octubre se decretó un estado de alarma que se pretende prolongar por 6 meses. Durante este tiempo, cada 15 días el ministro de sanidad comparecerá en el congreso para explicar cómo va la pandemia en nuestro país y mientras tanto se limitarán ciertas libertades, siempre abogando a la alerta sanitaria. La limitación de tránsito nocturno se producirá de 22:00h a 6:00h, pero las Comunidades Autónomas pueden variarlo libremente una hora por delante o por detrás. Lo cierto es que esta medida solo se toma en tiempos de guerra y este dichoso virus es lo que nos plantea. Una guerra contra un enemigo invisible y que se manifiesta con ciertos síntomas en la población.
Lo verdaderamente cierto y algo que llevamos diciendo desde hace mucho tiempo es que debemos aprender a vivir con este virus diariamente y prepararnos para constantes oleadas hasta que podamos hacerle frente con una vacuna o un medicamento. Pero no hemos aprendido ni una ni otra. Ni hemos sabido convivir con él, ni nos hemos preparado y ahora nos vemos tomando nuevamente medidas extremas.
Es evidente que un cierre total como se produjo en marzo, abril y mayo, sería antiproducente para nuestra economía y por lo tanto nuestros políticos deberían evitar cerrar negocios para que no sufra más la economía del país. Nuestro sistema económico se basa en la producción y el consumo. Si no hay consumo, la producción se bloquea. El stock aumenta y provoca la caída de los precios y por lo tanto la ruina total de los empresarios que ven como no pueden vender sus productos porque no hay consumo.
Asumir por parte del Estado el pago de parados, pensiones, ayudas.... supone la ruina total del mismo. Si el Estado se arruina, la deuda del mismo aumenta y por lo tanto la pobreza y miseria del país crece hasta cotas inimaginables. La población depende del Estado y si no puede suministrarles alimento, esto se convierte en la ley de la selva: "los más fuertes sobreviven".
No me gustaría verlo y que las generaciones futuras tampoco tuvieran que vivirlo.
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