La República española y las europeas

La II República española tuvo como referencia a la III República francesa, pero con múltiples variantes. La República francesa implantó la política laicista como eje vertebral, estableciendo una educación y laica y una separación de poderes que incluían la aconfesionalidad del Estado, la libertad de conciencia y culto, la enseñanza laica, el divorcio, la disolución de las congregaciones religiosas y la expropiación de edificios y bienes de la Iglesia.

Se promovieron la constitución de Asociaciones de culto y organizaciones de laicos que se convertían en propietarias de los templos parroquiales y se encargaban de la manutención de los sacerdotes. Las relaciones diplomáticas entre Francia y el Vaticano se romperá. Hay que decir que muchas congregaciones, que fueron expulsadas de Francia a principios de los años 1900, se "disolvieron" de cara al Estado y mantuvieron su germen como asociaciones civiles, encargándose de colegios y parroquias, llevando una vida "secreta" como religiosos. Los únicos que mantuvieron su "status" y en congregación como tal fueron los Hermanos de las Escuelas Cristianas (La Salle), aunque también sufrieron en ocasiones su persecución. Muchas de estas congregaciones llegaron a España donde pudieron organizarse y llevar una vida más o menos normalizada hasta los años 30, cuando empezó la II República española.

Países como Portugal e Italia también instauraron la república, pero con sus matices. Portugal nunca fue un gobierno confesional, mientras que en Italia se llegó a un gobierno confesional que incluso tenía un juramento de fidelidad del clero y la consulta al gobierno antes de nombrar a un obispo. En España, tras la proclamación de la República, la mayoría de la jerarquía reacción con prudencia y acatamiento, aunque algunos obispos se manifestaron en contra.

Los primeros acuerdos entre el gobierno y la Iglesia llevaron al reconocimiento de la personalidad jurídica de la Iglesia, la autorización de las órdenes religiosas y el ejercicio de la enseñanza.

Sin embargo cuando se empezó a debatir el proyecto de Constitución, este estatuto especial de la Iglesia no se recogía y además se proponía la supresión de las órdenes religiosas. Azaña encontró una solución intermedia, proponía la disolución de la Compañía de Jesús (los jesuitas) y la regularización del resto de Congregaciones por una ley, pero prohibía el ejercer la enseñanza a las Congregaciones. Esta solución fue aceptada por los diputados pero los obispos rechazaron la Constitución.

En 1932 se decretó la disolución de la Compañía de Jesús, más por motivos políticos que por otra cosa, ya que la influencia de los jesuitas en el país era muy elevada. Siempre, ya desde su creación, fueron muy influyentes por su alta preparación en todos los campos y por el apoyo a los bases más necesitadas del pueblo.

En 1933 se aprobó la Ley de Confesiones y Congregaciones que regularizaba la prohibición de enseñar y supuso la ruptura con el Vaticano. Se intentó llegar a un acuerdo, pero no se obtuvo ningún resultado para la dificultad de adecuarlo a la Constitución. El Frente Popular aumentó el clima de creciente tensión con la legislación religiosa.

La llegada en 1939 de la dictadura franquista impidió, definitivamente, la separación entre el Estado y la Iglesia, como había sucedido en Francia y Portugal, y se aproximó más al modelo de Italia.

España siempre ha caminado por detrás de otros países europeos y aunque pretendió llevar a cabo las mismas medidas que en Francia, la no disolución de todas las Congregaciones y la creación de asociaciones para gestionar los templos, permitió a la Iglesia mantener su alto grado de influencia entre la población.